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martes, 4 de octubre de 2005

EGL ESTATUT (2)

Egl estatut

y la traición de un presidente

Normalmente es difícil que se produzca un vuelco electoral. En este país los ciudadanos son razonablemente dóciles y no suelen mostrar especial interés en un cambio de gobierno lo cual es lógico teniendo en cuenta que la mayoría hemos vivido exactamente igual (de mal, claro) bajo los distintos gobiernos que hemos tenido.

Debe quedar claro, no obstante, que muy izquierdoso hay que ser para confiar en que Papá Estado nos permitirá vivir cojonudamente esforzándonos poco o nada. No, no se extrañen. Muchos quieren éso: vivir bien sin trabajar, a costa del trabajo y de los impuestos que pagan otros.

A pesar de todo, siempre han sido necesarios ciertos escándalos o hechos puntuales los que han hecho que la gente se dirija en masa a las urnas con el objetivo, más que de apoyar a los aspirantes, de derrocar al presidente. Así vimos como la Guerra de Irak fue asociada con los atentados del 11-M dando al traste con el anterior gobierno y algo parecido puede pasar con el Zapatero al que casi todos los medios de comunicación atribuyen la autoría de algo tan poco deseable como es cargarse la Carta Magna.


Aznar pasará a la historia como el presidente que nos metió en la Guerra de Irak y Zapatero lo hará como el presidente hispanicida que, con la sonrisa puesta, puso fin a la ejemplar Constitución Española de 1978. Ante esta evidencia, muchos militantes del PSOE están muy preocupados y no saben cómo deshacer el entuerto.

Lo malo, me temo, es que ya no hay vuelta atrás porque si se les ocurre rectificar en el Congreso de los Diputados la que se puede montar será buena y renacerá un odio a Madrid tan intenso que, ahora sí, podría haber incluso una guerra civil promovida desde las cavernas de los separatistas.

A estas alturas sólo nos queda confiar en el artículo 102.2 de la Constitución: “Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”.


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