Me parece acertado que el gobierno haya aprobado hoy un Real Decreto que contiene una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España, que a partir de ahora podrán desempeñar nuevos proveedores. La subcontratación y los inherentes contratos basura que ésta conlleva, introducidos en determinados sectores estratégicos financiados con dinero público, pueden ser un detonante para bajar los humos de algunos grupos de presión. Y, por supuesto, pueden dar al traste con las aspiraciones de los controladores aéreos, unos señoritingos que son multimillonarios con sueldos que salen del dinero público y que, encima, quieren más. Porque, con todos mis respetos, todo salario que (voy a ser generoso) supere los 10.000 euros al mes está desproporcionado y no hace justicia al resto de trabajadores.
Sin embargo, conviene matizar en este asunto. Cuando un sueldo es desproporcionado y lo paga una empresa privada (o un club de fútbol, buen ejemplo de sueldos desproporcionados), hay que callarse porque si la entidad lo paga es porque el trabajador lo genera. Pero no concibo que el Estado, con el dinero de todos, pague sueldos millonarios a un señor o señora por el mero hecho de sacarse una oposición muy chunga.
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