Un dirigente que arruina la empresa que ha administrado tiene que rendir cuentas a los accionistas. Normalmente es expulsado de la empresa y en ocasiones puede llegar a ser juzgado por los tribunales. Cuando se trata de administrar fondos públicos la cosa es más delicada y lo normal en cualquier país civilizado sería que recayeran penas sobre el infractor. Entiendo que debería legislarse al respecto porque a día de hoy en este país parece que es suficiente con que las urnas expulsen al citado infractor.
Me estoy refiriendo a Barreda. Un tipo que ha dejado a toda una región con la caja vacía y con abultada deuda. Llama poderosamente la atención no sólo que no esté procesado con pie y medio en la cárcel sino que no le hayan expulsado de su partido. Y, para colmo, tenemos que verle en televisión cada dos por tres dando mítines en los que critica duramente los recortes presupuestarios de su sucesora como si ésta los hiciera por capricho y con acritud.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario