En teoría una Vivienda de Protección Pública es un bien destinado a personas que por su nivel adquisitivo no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado. Se establecen una serie de requisitos para poder ser adjudicatarios, tales como nivel de ingresos anual máximo o no tener en propiedad otra vivienda. Cuando los gobiernos ofertan este tipo de viviendas están cumpliendo con el derecho constitucional de que todos tenemos derecho a una vivienda digna.
Es muy cierto que luego, en la práctica, las viviendas no acaban en manos de las personas más necesitadas. La existencia de ingresos procedentes de la economía sumergida, las argucias de la gente para enmascarar sus necesidades reales e incluso los propios mecanismos de adjudicación siempre han puesto en tela de juicio el sistema de vivienda protegida debido a las situaciones de injusticia generadas.
También es cierto que, si bien hace 10 años una vivienda protegida valía la mitad que una vivienda libre, a día de hoy esta diferencia se ha reducido hasta equipararse en muchos casos, seguramente debido a la no revisión de precios públicos por parte de la Administración dada su deuda. En efecto, no es normal que el precio de una vivienda libre haya caído más de un 30% desde 2007 y el de la vivienda de protección pública siga siendo el mismo desde entonces. Pero la deuda de las Administraciones Públicas, unida al llamado “estallido de la burbuja inmobiliaria” nos ha llevado a esta situación peculiar en la que la necesidad de liquidez de la Administración convive con una situación de caída importante del valor de la vivienda.
En este escenario aparecen los grandes inversores como aves de rapiña y, conscientes de la situación, ofrecen a la Administración dinero fresco a cambio de patrimonio. Aquí las normas y la ética quedan aparte. La Administración accede ante la tentación. Los contribuyentes ya no nos quejamos de “por qué a fulanito le han dado una VPO cuando gana 3.000 en negro haciendo chapuzas” o porque “conozco a tres hermanos, sobrinos del concejal de nosedónde a los que curiosamente les ha tocado una vivienda pública”. Ahora la cosa es más grave: La Administración, que construyó viviendas con dinero de todos para alojar a personas sin propiedades y con un nivel de ingresos modesto, ha cambiado el destino de esas viviendas. Ya no son para garantizar el derecho a una vivienda digna, ahora los adjudicatarios no son los sufridos contribuyentes Paco, Juan y Manolo sino una gran empresa que evidentemente no cumple los requisitos (de ingresos anuales máximos o de no tener otra apropiedad) para acceder a una vivienda de protección pública.
Lo que todavía es más indignante es que para esas viviendas que se están adjudicando a grandes empresas sí hay una revisión de valores acorde a la situación actual del mercado inmobiliario. Y la revisión es más que generosa hasta poder decir en lenguaje coloquial que "la Administración ha regalado su patrimonio, el patrimonio de todos, a cuatro tipejos que se van a forrar con la operación". La pregunta que se hace el ciudadano es ¿por qué la Administración no me ha ofrecido a mí esa casa al precio que se la ha ofrecido a esa empresa si yo hubiera pagado incluso un poco más?
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