Una vez que el presidente del gobierno ha anunciado el recorte salarial para todo el colectivo de funcionarios, entendiendo como tales aquellos que cobran su nómina con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, surgen dos preguntas.1) ¿Sería lógico que, en línea con esta actuación, la Administración baje las remuneraciones a las empresas que tiene subcontratadas para la ejecución de determinados trabajos?. Esa futura reducción en la facturación afectaría sin duda a los trabajadores de esas empresas.
2) ¿Qué va a pasar con los empleados de las Cajas de Ahorros?. Teniendo en cuenta que el accionariado de estas entidades es público y que muchas de ellas pasan por situaciones de déficit aún más delicadas que las del Estado, parece lógico que éste les imponga una "disciplina" presupuestaria, máxime teniendo en cuenta que cada dos por tres tiene que estar inyectándoles liquidez.
Por tanto, si utilizamos la lógica nos damos cuenta de que la crisis no sólo la van a pagar los 3.000.000 de funcionarios sino también otros cuantos millones de trabajadores. Eso sin contar los pensionistas.
Por eso no es extraño que, para intentar maquillar el escenario que se avecina, Zapatero repita hasta la saciedad que "a los que más tienen hay que pedirles un esfuerzo", aunque sepa que está hablando del chocolate del loro. Palabrería...
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Ahora comprar un euro nos costaría 230 pesetas sólo teniendo en cuenta la inflación, en vez de las 166 en que se fijó el tipo de cambio inamovible en enero de 1999. Desde la llegada del euro un año antes, España ha perdido un 20% de competitividad mientras que Alemania ha ganado un 13%, según la CE. Esto significa que de existir la peseta habría que recurrir como antaño a devaluarla al menos un 33% para regresar a la situación de partida.